El 24 de mayo de 2023 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley por el Derecho a la Vivienda, cuyo objetivo principal era promover el acceso a la vivienda, especialmente entre los colectivos más vulnerables. Pero la medida más destacada, y objeto principal de esta Ley, es que las Comunidades Autónomas pueden declarar zonas de mercado tensionado y, de esta manera, introducir límites en el precio de los alquileres, creando por primera vez un mercado libre y otro intervenido.
La inseguridad jurídica introducida por la nueva normativa y la ausencia de medidas para fortalecer el alquiler residencial redundaron en la pérdida de oferta, que ha ido encadenando caídas año tras año. En 2024, el total de inmuebles comercializados en España fue de 734.662, una reducción de más de 120.000 viviendas en tan solo dos años. Para este 2025, la previsión es que la cifra siga disminuyendo hasta las 681.920.
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