Sánchez cambiará la ley para que los bancos paguen el impuesto hipotecario

Miércoles, 7 Noviembre, 2018
El Gobierno cambiará la ley del ITP y AJD para que "nunca más los españoles paguen este tributo y lo pague el sector financiero". Considera que no lo repercutirán a los consumidores por la competencia.

El Gobierno ha reaccionado con celeridad a la crisis generada por el cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas (impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ITP y AJD). El presidente del Gobierno ha comparecido en La Moncloa para anunciar que el jueves aprobará un real decreto ley para garantizar que "nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero". Esto significa que modificará el artículo 29 de la ley para clarificar que el sujeto pasivo es el prestamista (la banca) y nunca el prestatario (cliente) para la parte variable del AJD en los préstamos hipotecarios.

"Ayer habló el poder judicial y hoy y mañana hablará el poder ejecutivo", ha explicado con contundencia Sánchez. El Ejecutivo aprobará este RDL en su próximo Consejo de Ministros, que se adelanta al jueves porque el viernes es festivo en madrid. El cambio legislativo entrará en vigor cuando se publique en el BOE, el viernes, aunque posteriormente tendrá que ser aprobado por el Parlamento. Sánchez confía en contar con el apoyo mayoritario del Congreso, "también de Unidos Podemos, claro".

Si bien ha explicado que el Gobierno "respeta" la labor del alto tribunal, ha "lamentado" el proceso que ha llevado en las dos últimas semanas el Tribunal Supremo que ha realizado un cambio de criterio insólito. "El Tribunal Supremo tiene que hacer una reflexión y una autocrítica", ha remarcado Sánchez, ya que en las dos últimas semanas ha generado una situación de gran inestabilidad jurídica, de volatilidad en los mercados y de incertidumbre para los ciudadanos.

Sánchez considera que los bancos no trasadarán el impuesto a sus comisiones y tipos de interés que aplican a las hipotecas, ya que "el mercado es competitivo, porque hay gran oferta [de crédito], no solo española". Esto significa que el Ejecutivo "cree y espera" nuevamente en que la competencia en el mercado garantizará que las entidades asumirán en su margen de beneficios el pago del impuesto y no lo repercutirán al cliente. Además, ha alertado de que podrían existir cláusulas abusivas si este impuesto se traslada al resto de productos financieros que ofrecen las entidades.

El presidente no ha querido pronunciarse sobre las posibles demandas que interpongan los clientes contra el Estado legislador. La propia división de interpretaciones del Tribunal Supremo evidencia una mala técnica legislativa, lo que podría hacer que los clientes reclamaran la responsabilidad patrimonial del Estado. Sánchez no ha descartado esta vía y se ha limitado ha explicar que "no compete" al Gobierno opinar sobre el camino a elegir por los hipotecados. Lo que sí ha reconocido el presidente es que los afectados "están en su derecho" de recurrir la sentencia del Supremo, incluso a instancias europeas si lo consideran necesario.

El Gobierno también ha decidido crear una Autoridad Independiente de Protección de los Clientes Financieros que velará por todas las cláusulas, comisiones e impuestos que pagan los clientes para evitar que se repitan situaciones de "abuso" hacia los consumidores, que son la parte más débil de la relación y "mejorará la capacidad de resolver conflictos que se dan en el sector financiero". En las próximas semanas remitirá esta normativa a las Cortes para que sea aprobada por el poder legislativo.

De esta forma, Sánchez ataja la crisis generada por el cambio de criterio del Tribunal Supremo. En sus tres sentencias iniciales, la Sala de lo Contencioso-Administrativo anulaba el párrafo segundo del artículo 68 del reglamento que clarificaba el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. En ese momento, el Supremo consideraba que ese párrafo es contrario a la ley, ya que el sujeto pasivo debería ser la entidad prestamista (la banca), ya que es quien se beneficia de los derechos generados por la inscripción del préstamo. Sin embargo, el Pleno del Supremo optó por revocar su decisión inicial en la tarde del martes y ahora considera que es correcto que sea el prestatario (el cliente) quien asuma el pago.

Fuente: El Confidencial 07/11/18

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