Los partidos políticos buscan la fórmula frente a la escalada del alquiler: ¿Qué se hace fuera de España?

Lunes, 4 Noviembre, 2019
Sus propuestas se pierden entre promesas electorales que después requerirán de ingentes cantidades de inversión. Y ahí está la clave.

La vivienda y el encarecimiento de los alquileres centrarán buena parte de los discursos de los partidos en plena carrera electoral al 10-N, teniendo en cuenta que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles. El tema, de hecho, fue uno de los protagonistas de la última legislatura y uno de los puntos de discordia entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos, que no lograron ponerse de acuerdo sobre qué fórmula impulsar para tratar de frenar la vertiginosa subida de los precios. La discordia venía sobre todo por la idea de intervenir directamente en el mercado limitando los precios, algo que el Ejecutivo socialista dejó finalmente fuera del decreto sobre el alquiler.

Ahora, a punto de afrontar las segundas elecciones generales de este año, la situación dista de ser mejor. Cierto es que el mercado residencial está encajando cierta moderación fruto de la normalización de la actividad y el frenazo económico global, pero aun así, ciudades como Madrid o Barcelona siguen anotando importantes subidas mes a mes que dificultan el acceso de los ciudadanos.

Y en medio de toda esa situación, los principales partidos que concurren a las urnas el próximo domingo no acaban de encontrar una vía para intentar atajar el problema. Sus propuestas se pierden entre promesas electorales que después requerirán de ingentes cantidades de inversión. Y ahí está el problema, que el dinero no llega para una política de vivienda que durante años ha sido secundaria en nuestro país.

A grandes rasgos, el PSOE apuesta por ampliar la oferta de vivienda asequible; el PP pone el foco en las deducciones fiscales para los arrendadores; Ciudadanos contempla reducir las trabas administrativas para construir y rehabilitar inmuebles y Unidas Podemos retoma la idea de limitar los precios y las subidas, aunque en el sector coinciden en que hasta ahora no se ha demostrado que esto arroje los resultados esperados.

"En París, por ejemplo, se ha generado una importante economía sumergida ligada al alquiler a raíz de que entraran en vigor las últimas medidas en este sentido", asegura Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com. Además, los expertos advierten de que puede mermar la rentabilidad que obtienen los propietarios y, en consecuencia, desincentivar la oferta y añadir más presión a los precios.

Los expertos apuntan más en la dirección de incrementar el parque público de viviendas para provocar un impacto más real e inmediato en los precios. "Siempre hemos subrayado que las medidas deben ir encaminadas a incentivar el mercado y no a intervenirlo desde el control y la penalización. En este sentido deben ponerse en marcha incentivos fiscales, tanto a inquilinos como a propietarios. Precisamente Portugal está siguiendo un modelo en el que, si el propietario sitúa la renta por debajo de un 20% de los precios del mercado, percibe beneficios fiscales que compensan esa bajada y el inquilino tiene más posibilidades de acceder a esa vivienda", apunta José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.

El de Portugal es el ejemplo más cercano, pero hay otros que podrían ser un espejo en el podrían mirarse los políticos españoles a partir del 11 de noviembre:

BERLÍN

Ha sido una de las últimas iniciativas que se han puesto en marcha. Berlín se ha convertido en el primer estado federado en Alemania en aprobar por ley la congelación de los precios del alquiler durante los próximos cinco años.

La falta de viviendas en la capital germana y en otras ciudades cercanas ha auspiciado un pacto entre el Partido Socialdemócrata, Los Verdes y el Die Linke para establecer la limitación e imponer, además, que a partir de 2022 los incrementos estén ligados al a inflación.

La oposición política y los empresarios con intereses en el sector han anunciado ya acciones para intentar revertir la norma, que si nada lo remedia entrará en vigor en 2020.

Para Ferran Font, sin embargo, la medida más interesante que se ha tomado en Berlín es la remunicipalización de unas 6.000 viviendas para incorporarlas al parque público y aumentar la disponibilidad en una ciudad que cada año recibe del orden de 40.000 nuevos inquilinos.

PARÍS

Es otra de las ciudades con el alquiler más caro en Europa y lleva años tratando de ponerle remedio. En 2014, el entonces presidente, François Hollande, promovió un primer intento por limitar las subidas con la entonces llamada Ley Alur. Aquel experimento fue suspendido en 2017 pero ha resultado ser el germen de la Ley Elan, el proyecto impulsado ahora por Emmanuel Macron que entró en vigor este verano.

Afecta a los nuevos contratos y a las futuras renovaciones. Las ciudades que quieran acogerse al nuevo decreto limitarán las subidas del alquiler a un 20% sobre un precio medio de referencia que se determinará según zona, año de construcción, calidades o número de habitaciones. Además -y esta es la principal novedad-, se sancionará a los propietarios que incumplan la ley.

En principio, el experimento estará activo hasta 2023 y después, en función de sus resultados y su efectividad, se decidirá si continúa en vigor o no.

LISBOA

El país vecino ha impulsado la llamada Ley de Arrendamiento Accesible, que no limita los precios del alquiler de la vivienda, sino que facilita el acceso de las rentas más bajas a un alojamiento asequible. La norma define a qué tipo de alquileres puede acogerse cada persona o cada familia en función de sus rentas.

Se trata de un programa de adhesión voluntaria para propietarios e inquilinos, aplicable a nuevos contratos de arrendamiento y sus renovaciones que, a cambio, ofrece ventajas de distinta índole a unos y otros. Los arrendadores, por una parte, tienen garantizada una exención fiscal por las rentas que perciben mientras que los inquilinos tienen acceso a viviendas asequibles compatibles con sus ingresos.

VIENA

Es el caso más paradigmático, la aspiración de las ciudades acuciadas por las subidas de los alquileres. Sin embargo, el caso de la capital austriaca no se ha forjado de un día para otro, sino que es fruto de una trayectoria histórica vertebrada en torno a la fuerte presencia de la vivienda pública. El ayuntamiento es el principal casero de la urbe, de modo que no le hace falta establecer limitaciones específicas a los precios; basta con garantizar un parque de vivienda con precios máximos muy por debajo del mercado y lejos de los niveles especulativos.

Las autoridades invierten cada año cientos de millones de euros en construir nuevas casas y rehabilitar las que están en peores condiciones para añadirlas a la cartera social. Además, establecen ayudas y subvenciones para decenas de miles de apartamentos gestionados por asociaciones privadas de renta limitada.

CALIFORNIA

El problema de la vivienda ha alcanzado otro rango y otro nivel en algunos puntos de EEUU y, especialmente, en California. Varios puntos del Estado como Los Ángeles o San Francisco han copado los medios en los últimos meses por albergar en sus calles a una gran cantidad de personas sin hogar.

La presencia de grandes compañías como Google, Facebook o Apple en San Francisco, por ejemplo, ha provocado un aumento de la demanda tan vertiginoso como el alza de los precios. El encarecimiento de las rentas hace imposible que muchos ciudadanos puedan acceder a ellas y los ha expulsado directamente a la calle. Según cifras del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano recogidas por Europa Press, se estima que 130.000 personas se encuentran sin hogar en toda California y más de 8.000 en la propia San Francisco.

Ante esta situación, el gobernador demócrata Gavin Newson impulsó hace un mes la aprobación de una legislación que permite establecer un límite del 5% en los aumentos anuales del alquiler. La ley entrará en vigor el próximo 1 de enero y se suma así a otros estados y ciudades del país que han impulsado iniciativas para limitar las subidas de los precios del alquiler. Por ejemplo, Oregón aprobó una ley que limita los aumentos anuales al 7% más la inflación, y el estado de Nueva York aprobó controles el pasado verano.

ROMA

En Italia, los ayuntamientos pueden acogerse a la normativa nacional que establece que cada autoridad local debe fijar los precios máximos del alquiler de vivienda de acuerdo a unas condiciones específicas, normalmente negociadas con asociaciones locales de propietarios y representantes de los inquilinos. Para establecer el baremo de precios se tienen en cuenta las características del local, la ubicación, los servicios cercanos a la vivienda, las áreas verdes... En Roma, la medida se aplica desde 2004 ante el sucesivo encarecimiento del acceso a una vivienda.

Fuente: El Mundo 04/11/19

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