La banca no podrá deducirse el impuesto de las hipotecas en Sociedades

Jueves, 8 Noviembre, 2018
El decreto del Gobierno obligará a las entidades a pagar el tributo desde el sábado. El Ejecutivo insta al Parlamento a acelerar la tramitación de la reforma hipotecaria para evitar la multa comunitaria.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto para asegurar que sean los bancos los que asuman el impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas. La aprobación del real decreto sobre las hipotecas fue anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la ajustada decisión adoptada el martes por el Tribunal Supremo que eximía a los bancos del pago de ese impuesto con la legislación anterior.

La letra pequeña de la modificación legislativa incluye también la prohibición de que la banca pueda deducirse el Impuesto de Sociedades el pago del tributo de Actos Jurídicos Documentados. Además, el nuevo párrafo que se añade a la normativa fiscal establece que "cuando se trate de prestamos con garantía hipotecaria se considerará sujeto pasivo al prestamista", ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseverando que la fórmula disipa cualquier posible duda.   

La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha explicado que, desde el respeto a las decisiones judiciales, "desde un primer momento el Gobierno ya manifestó su intención de apoyar a los ciudadanos y a las comunidades autónomas". Ha añadido que el Ejecutivo ha querido aprobar el decreto ley para que las medidas entren cuanto antes en vigor y acaben con una incertidumbre jurídica que ha durado tres semanas.

El cambio normativo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, prevista para este viernes. Es decir, el sábado, en lugar de mañana como se había anunciado. Tal modificación de la norma, que afectará al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no hará necesario modificar el artículo 68 del reglamento de 1995 que establecía específicamente que es el consumidor quien debe pagar, ha matizado Montero.

Este cambio legal seguirá un cauce independiente respecto de la nueva ley hipotecaria, redactada conforme a la directiva europea durante el mandato del PP y que será tramitada por el Ejecutivo socialista tras dos años y medio de retraso.

De hecho, la ministra portavoz ha anunciado que el Gobierno ha solicitado al Parlamento la tramitación por vía de "urgencia" de la reforma hipotecaria para que esta pase al Senado en el plazo de 20 días a fin de tratar de evitar la multa comunitaria que pende sobre España por su retraso. Una sanción de 100.000 euros diarios por cada jornada de retraso.

El tributo no se eliminará

Cuestionada sobre si el Gobierno se plantea eliminar el impuesto, como pide el PP, Montero ha defendido que este tributo arroja 2.000 millones de euros de ingresos a las comunidades autónomas, necesarios para sufragar su gasto en educación, sanidad o protección social.

La ministra ha justificado que Andalucía, autonomía de la que era consejera de Hacienda, así como otras comunidades apliquen el gravamen más alto de este impuesto, un 1,5% frente al tipo del 0,5% que aplican otras. “Las comunidades con peor financiación per cápita tienen que hacer mayor uso de los instrumentos normativos que tienen a su disposición en contraste con otras comunidades cuyos recursos, aun siendo insuficientes a criterio de esta ministra, siguen siendo mayores”, ha argumentado Montero.

La ministra ha avanzado también que el Gobierno convocará a las comunidades autónomas a la Comisión de Tributos para resolver las dudas que suscite el cambio legal de modificar el sujeto pasivo del impuesto y eliminar las bonificaciones de este tributo sobre las personas físicas, pues ahora solo se cargarán a la banca, persona jurídica.

Cuestionada sobre la posibilidad de que la banca acabe trasladando el coste del tributo al cliente, Montero ha aseverado que el Gobierno no creen en esa dicotomía de que los impuestos al sector financiero "se repercute a los ciudadanos, o se repercute a los ciudadanos". La responsable de Hacienda ha subrayado que la nueva oficina de protección del consumidor financiero velará por impedir la inclusión de cláusulas o comisiones abusivas y además ha considerado que el sector financiero se comportará con responsabilidad, condicionado además por las reglas del mercado que le obligarán a ofertar las mejores condiciones posibles para ganar clientela.  

Fuente: Cinco Días 08/11/18

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